La hora de crear una verdadera industria

EXPANSIÓN

La industria ha demostrado ser uno de los sectores con más capacidad de arrastre sobre el resto de la economía

 

La industria se ha mostrado en varias ocasiones como uno de los principales motores del mercado laboral. De hecho, el sector manufacturero tiene un enorme efecto tractor, ya que un nuevo puesto de trabajo en la industria genera otro más en el resto de los sectores. Además es uno de los sectores con un mayor peso de I+D y de la exportación. Y, pese a todo ello, ha sido uno de los sectores más castigados por los sucesivos gobiernos, que asistían con complacencia a ver cómo la industria y la energía pasaban de tener un peso de dos quintas partes del PIB a finales de los años 70 al 15,5% en 2014. Sin embargo, cuando se contabiliza la industria sin la energía, con la metodología que utiliza Bruselas, el peso de las fábricas en el PIB apenas asciende al 12,1% de la actividad nacional. una cifra más baja que en Francia, Reino Unido y, por supuesto, Alemania, donde la industria tiene un peso del 25%. Precisamente la resistencia de la locomotora europea frente a la crisis evidencia por qué es necesario que España ponga rumbo cuanto antes al objetivo que se han fijado tanto Madrid como bruselas: que el tejido industrial alcance el 20% del PIB en los próximos años.

Un pacto por la industria

Los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, así como los tres niveles de la Administración Pública -estatal, autonómica y local-, deben fomentar un plan de política industrial a largo plazo para que el sector adquiera la categoría de estratégico para la economía nacional. Los empresarios reclaman que los dirigentes políticos no sucumban a planteamientos cortoplacistas y apuesten a lo largo de las diferentes legislaturas por las siguientes medidas: bajada de las cotizaciones sociales, reducir los trámites burocráticos, incentivar la exportación y favorecer las alianzas público-privadas.

Eliminar trabas administrativa a la actividad empresarial

El crecimiento desbocado de la Administración española a lo largo de las últimas décadas, especialmente a nivel autonómico y local, ha generado una maraña de normas y trámites, en muchos casos inútiles e injustificadas, que entorpece la actividad industrial. Esta burocracia afecta directamente al proceso para crear una empresa que, según el Banco Mundial, en España lleva una media de 17 días frente a los 10 de la UE.

Además, dentro del propio mercado español existe una gran disparidad regional: mientas Madrid y La Rioja destacan como las comunidades donde es más fácil abrir un negocio, Galicia, Aragón y murcia son las que presentan más trabas.

Mejorar la financiación para los proyectos empresariales

Las líneas de crédito del ICO cumplen un papel importante, aunque sus condiciones siguen resultando excesivamente onerosas. Además, aunque se han articulado muchos mecanismos de financiación, la mayor parte de ellos resultan muy complejos para las pymes. En este sentido, sería más eficiente articular un sistema de valoración de la solvencia de las empresas, de forma que éstas tuvieran una calificación de riesgos crediticios. Así, las compañías no sólo tendrían un mejor acceso al crédito bancario, sino que también multiplicarían sus posibilidades de financiación no bancaria, a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Por otro lado, una calificación de solvencia podría aligerar el proceso de cara a la obtención de avales y garantías por parte del Estado.

Crear incentivos para el emprendimiento agrario

Con el objetivo de reducir el desempleo y revitalizar las zonas rurales, serían bienvenidas la rebaja de las cotizaciones sociales, la introducción de bonificaciones fiscales para las empresas que contraten a este tipo de trabajadores y el mayor control de las subvenciones públicas dirigidas al colectivo agrario, que en muchas zonas del país sólo producen distorsiones del mercado y desincentivan la productividad

Mejorar los mecanismos de fomento de la I+D

Las ayudas a la investigación y el desarrollo (I+D) están excesivamente ligadas a las deducciones fiscales. Esta propuesta tiene la ventaja de que no supone un coste directo a las arcas públicas, pero genera dos grandes problemas: sólo beneficia a las grandes empresas, que pueden hacer ingeniería fiscal, y a aquellas que tienen beneficios. Por eso, sería preferible articular bonificaciones directas a la inversión en I+D y profundizar en las bonificaciones a la contratación de investigadores que existen en la actualidad

Facilitar la integración de la investigación básica y aplicada

España necesita mejorar su modelo de investigación, siguiendo las prácticas de los países con mejores resultados en este campo. urge promover centros de excelencia y establecer redes de colaboración que faciliten los intercambios de patentes y desarrollos con el mundo empresarial

Apoyar la transformación de las empresas hacia la economía digital

España debe sumarse cuanto antes a la cuarta revolución industrial en procesos de digitalización, con la asunción de tecnologías como la nube, el big data, el interne de las Cosas, la sensorización y la robótica inteligente. Moncloa ha diseñado la estrategia Industria 4.0, pero es necesario profundizar en esta vía, creando herramientas de colaboración entre los proveedores de tecnología y la industria

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